-Hubo ausencia de gobierno por muchos años: Encinas
Por Yhadira Paredes
Veracruz se ubica entre los tres primeros estados a nivel nacional con mayor número de personas desaparecidas, fosas clandestinas y cuerpos inhumados ilegalmente, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.
Entrevistado previo a su reunión con los integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz, el funcionario federal sostuvo que si bien México podría ser considerado un foco rojo, Veracruz tiene muchos factores que lo colocan en la palestra.
Para el caso de Veracruz, existen factores como la ausencia de gobierno por muchos años, empoderamiento de los grupos delictivos en vastas zonas del territorio estatal, impunidad en el castigo a los responsables, abandono de las tareas de gobierno en la protección a las personas y en la búsqueda.
“Los gobiernos veracruzanos no solo han sido responsables, en algunas cosas han sido cómplices de la situación de violencia que se ha presentado”, aseveró Encinas Rodríguez.
Y agregó que la entidad se encuentra dentro de los tres primeros lugares de inseguridad. “Es uno de los lugares con mayor concentración de fosas y cuerpos encontrados, hay que ser objetivos, en Guerrero y ahora en Nayarit con una situación, Colima y Jalisco, sin dejar de lado Coahuila y Sinaloa”.
Sostuvo que este conteo no solo está basado en cifras oficiales, sino de la información que se recibe de los familiares y fuentes abiertas como los medios de comunicación, así como de la Comisión Nacional de Búsqueda. Finalmente, reconoció que son diferentes de las que proporciona la Fiscalía General del Estado, pues las suyas surgen de las carpetas de investigación abiertas.
FGE NO DEBE TRABAJAR POR VOLUNTAD SINO POR LEY: ENCINAS
Si bien se está consciente del diferendo político entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Veracruz, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración federal, Alejandro Encinas Rodríguez, indicó que se vigilará que esta situación no vulnere los derechos de las víctimas.
Asimismo, se pronunció Porque además de reconstruir la relación de la Fiscalía General del Estado con los familiares y víctimas, se debe trabajar de manera coordinada entre instituciones.
El funcionario consideró que el trabajo de la FGE del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, más allá de un asunto de voluntad, es una obligación legal por procurar justicia a las víctimas de personas desaparecidas.
Se dijo consciente del diferendo político importante entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado; sin embargo, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda deben trabajar con todos, pues su objetivo es atender la demanda de las víctimas y resolver el tema de desapariciones más allá de las diferencias entre las autoridades locales.
“Mi tarea es la búsqueda, esclarecimiento y respeto de los derechos humanos. Ese es un asunto que tienen que resolver las partes en conflicto aquí en el Estado”.
Cuestionado sobre si no se vulneran los derechos de las víctimas a partir de este enfrentamiento institucional, explicó lo que la Subsecretaría a su cargo debe vigilar que independientemente de estos pleito se garanticen los derechos de las víctimas.
Por otra parte, Encinas Rodríguez se pronunció también por reconstruir la relación de la Fiscalía General del Estado (FGE) con los colectivos y familiares de personas desaparecidas.
“Es urgente tener una buena relación con quienes tienen derecho a conocer la verdad y a aplicar justicia. Nuestro trabajo es tratar de resolver el tema de las desapariciones más allá de la diferencias entre los gobiernos locales”, finalizó.
CONFIRMAN QUEJA POR FALTA DE VIGILANCIA EN FOSAS
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Irasema Quintana Osuna, dio a conocer que se presentó un queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se emitió una medida cautelar emitida por la Comisión Nacional, luego de que diera a conocer que el predio ubicado en el municipio de Úrsulo Galván, donde se detectaron cuando menos 50 puntos positivos de fosas clandestinas, se quedara sin vigilancia por parte de las autoridades.
La funcionaria federal aseguró que una vez que se fueron del predio en el primer recorrido que se hizo, éste se quedó marcado con “cinta amarilla” y había personal resguardando el mismo.
Recordó que antes de dar a conocer a los familiares este predio, se hizo una primera inspección solo con autoridades, pues se determinó que era una zona peligrosa.
Quintana Osuma manifestó que la ley marca que este tipo de hallazgos tienen que resguardarse conforme a la ley y manifestó que ya hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Si efectivamente no estaba resguardada como nosotros comprobamos cuando salimos, efectivamente se puede avanzar la queja y entiendo que también existe una medida cautelar emitida por la CNDH”, dijo.
Por otra parte, cuestionada en torno a que las familias no acudieron a esta primera inspección de la zona, pese a tener derecho por ley, la comisionada explicó que se trataba de una zona peligrosa y como autoridad tienen la obligación de resguardar la seguridad de las familias.
Sin embargo, aseguró que previo a la conferencia de prensa de la Fiscalía General, se hicieron las llamadas a varios colectivos estatales para informarles sobre esta situación, a fin de evitar que se enteraran por los medios de comunicación.
Finalmente, sobre el enfrentamiento entre la FGE y el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez aclaró que su trabajo es con todas las dependencia, por lo que hacen un llamado en todo el país a la coordinación interinstitucional para localizar a las personas desaparecidas.
