Estos días que tomé unas vacaciones, el escándalo en los medios fue la desaparición y homicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, en el municipio de General Escobedo, en Nuevo León. El “pecado” de esta joven estudiante de derecho fue haber nacido mujer en México. Como muchas otras de sus connacionales, este “pecado” le costó la vida.
¿Hasta cuándo tendremos que soportar que una muchacha que quería divertirse acabara desapareciendo? ¿Por qué debemos ver con toda naturalidad que el chofer del automóvil que regresaba a Debanhi a su hogar le haya tratado de tocar los pechos y ella, con toda razón, se haya apeado del vehículo en medio de la nada donde corría peligro su integridad física?
¿Que la hayan buscado durante 12 días sin éxito alguno encontrando, en las pesquisas, el cuerpo de otra mujer, María Jessica Karina Ramírez Ruvalcaba, que también se había esfumado?
¿Que el cuerpo de Debanhi lo descubrieran en una cisterna que las autoridades habían cateado hasta en cuatro ocasiones previas?
¿Cómo aceptar que algunos medios hayan filtrado la información de que la muerte de la joven fue producto de un accidente al, presuntamente, haber caído a la cisterna? ¿Y dónde estaba Debanhi antes, cuando habían cateado la cisterna? ¿Por qué los malos olores se produjeron hasta 11 días después de la búsqueda? ¿Podemos tragarnos la versión de la Fiscalía de Nuevo León acerca de que no se había encontrado antes el cuerpo por una “falla masiva humana”? ¿Otra vez el mismo bulo de lo sucedido con la niña Paulette Gebara Farah en 2010? ¿De veras?
¿Hasta cuándo vamos a tolerar declaraciones como la del fiscal neoleonés, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, que dice que el problema de la desaparición de las jóvenes tiene que ver con la rebeldía juvenil y la falta de comunicación entre las familias?
Todo en este caso apesta. Qué bueno que, por lo menos, se haya producido un escándalo. Me temo, sin embargo, que hay una buena probabilidad de que no pase nada.
¿Por qué?
Porque en nuestro querido país ocurren cientos de feminicidios al año que quedan impunes.
He visto muchas veces esta historia. En 2001 comencé mi carrera en los medios de comunicación. En más de dos décadas he comentado episodios semejantes al de Debanhi, que sólo terminan en escándalos efímeros. La noticia provoca revuelo unos días y luego pasa al olvido.
Los medios, y por extensión la opinión pública, solemos vivir de lo inmediato. La vigencia de una noticia depende de la próxima que aparezca. El ciclo noticioso es implacable. Secuestros, violaciones y asesinatos que, en un primer momento, conmocionan a la sociedad, se borran de la memoria porque ni las autoridades ni los medios están acostumbrados a seguirle la pista a lo ocurrido.
Hoy, los mexicanos estamos indignados por la desaparición y muerte de Debanhi. Hoy, por eso, quiero recordar un caso parecido.
En 2004, una joven de 26 años abordó un taxi en la Ciudad de México. A continuación se subieron dos individuos más al vehículo y la secuestraron. La llevaron a sacarle su dinero en cajeros automáticos. Después la golpearon sin misericordia y la aventaron en una banqueta. Ahí encontraron casi muerta a Lizbeth Salinas, exalumna del CIDE y funcionaria del Inai. Cuatro días después fallecería víctima de los brutales golpes recibidos.
¿Y qué pasó?
Nada.
La Procuraduría capitalina, en ese entonces dirigida por Bernardo Bátiz, realizó una investigación de pena ajena. No buscaron el celular que le robaron a Lizbeth y que seguía activo. No pidieron las imágenes de los cajeros bancarios donde le vaciaron sus cuentas. Un mes después del secuestro, en medio de las protestas que generó el escándalo, las autoridades arrestaron a Miguel Ángel Galindo Zea como presunto culpable. Iba en el supuesto taxi donde se llevaron a cabo los hechos. “Encontrarlo manejando ese automóvil y un testigo que lo señaló fueron las únicas pruebas en las que el Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios sustentó la acusación en su contra”. Un año después, el juez lo dejó libre al considerar que la PGJDF no había aportado las pruebas suficientes para culparlo. El crimen quedó impune, a pesar de que el entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, le había prometido al papá de Lizbeth que lo resolverían.
Debanhi nació precisamente el año que Lizbeth fue secuestrada y asesinada. ¿Qué cambió en esos 18 años? Mientras que Bátiz y López Obrador siguen cobrando sueldos como funcionarios del gobierno, los feminicidios se han multiplicado a lo largo y ancho del país. Por lo menos seguimos escandalizándonos.
@leozuckermann
